ABSTRACT
Aunque con diferencias en cada caso nacional, se trata de un proceso que se intensifica a mediados de la década de 1990 y en los años 2000 en el caso de los doctorados, como indican estudios sobre el tema.1 Esa tendencia se asocia a tres factores clave vinculados a las políticas públicas para el sector: apoyo a la formación doctoral, principalmente a través de becas nacionales provenientes de los organismos de gobierno de la educación superior y/o de los sistemas científico-tecnológicos;institucionalización de regulaciones basadas en dispositivos nacionales de evaluación de la calidad educativa, con avances en los procesos y procedimientos de acreditación, evaluación de la calidad y categorización de programas, que posibilitaron la institucionalización de una cultura evaluativa para el doctorado;y estrategias de internacionalización promovidas -con distintas intensidades en cada caso nacional- por las instituciones de educación superior y las políticas de evaluación y fomento, que las consideran un requisito para la excelencia académica. Así, es posible afirmar que los doctorados comienzan a ocupar un espacio mayor en la agenda de investigación, con la consecuente ampliación de temas que abordan. También las desigualdades de género, geopolíticas y/o socioeducativas, que condicionan las trayectorias doctorales, ganan mayor expresión en la producción científica sobre el tema. Sin embargo, los déficits y diferencias que presentan las informaciones de las estadísticas nacionales en cada caso resultan en un obstáculo importante a ser enfrentado por quienes invierten en ese tipo de producciones (De la Fare;Rovelli, 2021;Unzué;Emiliozzi, 2013). Además, en el escenario social y educativo reconfigurado a partir de la pandemia de la COVID-19, los programas y la formación doctoral enfrentan nuevos desafíos en el marco de situaciones que dieron mayor visibilidad a las desigualdades educativas y a los obstáculos de la implementación de una virtualidad improvisada para el amplio conjunto de estudiantes.